Con la soga al cuello. Así están varios sectores económicos que no se ven beneficiados con las medidas aprobadas por el Gobierno. Las automotrices, el comercio, las industrias y el agro gritan al cielo para que la presidente Jeanine Áñez los tome en cuenta con el objetivo de reactivar la economía. El plazo corre y esperar una semana más puede ser demasiado tarde ya que miles de empresas pueden cerrar ocasionando el despido masivo de trabajadores.

Sector automotriz

Para muestra basta citar un ejemplo. El sector automotriz boliviano tiene alrededor de 35 a 40 concesionarias que generan más de 10.000 fuentes directas de trabajo en Bolivia, esta situación genera más de 65.000 empleos indirectos. El sector paga como promedio aproximadamente $us 800 por empleado lo que genera un pago aproximado de 12,8 millones de dólares mensuales lo que equivale a $us 128 millones anuales.

Pero veamos el detalle. Los $us 12,8 millones mensuales, exigen el pago adicional de:

• $us 1.285.000 – CNS

• $us 84.000 – AFP (Ap. Solid.)

• $us 218.000 – AFP (Resgo Prof.)

• $us 256.000 – AFP (Vivienda)

• $us 1.066.666 – prov. Indemnización

• $us 1.066.666 – Prov. Aguinaldo

Total: $us. 4.272.213 – mensuales

Todo ello, reduce sustancialmente la liquidez de las empresas. El sector automotriz genera para el Estado, alrededor de 300 millones de dólares en tributos por las importaciones de automóviles y maquinaria pesada y adicionalmente genera más de 350 millones de dólares en impuestos por las ventas e impuestos por utilidades, o sea un total de 650 millones de dólares entre tributos e impuestos más AFP, Cajas de Salud y otros que suman esta cadena.

 

El gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Orlando Encinas reveló a money.com.bo que por esta pandemia el sector proyecta una caída en la importación de vehículos de aproximadamente un 25% con relación al año anterior o sea que las importaciones no serán mayores a 40.000 unidades este año.

En ese entendido, la recuperación del sector dependerá de las medidas que tome el Gobierno actual. “El sector necesita para salir de la crisis el apoyo mínimo de aproximadamente 250 millones de dólares, monto otorgado con créditos blandos y tasa muy baja para poder reactivarlo por la falta absoluta de liquidez provocada por la paralización total”, sintetiza.

El ejecutivo afirma que existen las garantías para respaldar los créditos rápidamente ya que tan solo pretenden salvar la total iliquidez en la que se encuentran y quieren salvar hasta la empresa más chica que corre peligro de colapsar.

“Los créditos van a retornar a partir del primer año por los pagos estructurados de esa manera. Necesitamos líneas de crédito hasta no más de tres años, con periodo de gracia y tasas convenientes (no mayores al 3% anual). La finalidad es no despedir empleados y evitar que la cadena  de despidos afecte a las familias”, añade Encinas.

Asimismo indica que necesitan diferimientos de pago en tributos aduaneros con respaldo de garantías de pólizas de seguro de cumplimiento de pago, además de las boletas de garantía bancarias.

También claman por un respiro impositivo a través de la postergación del pago de los impuestos a las utilidades de las empresas hasta diciembre, además de la reducción del IVA e IT hasta el 10%.

Adicionalmente, plantea la postergación (diferimiento) de pago de las obligaciones tributarias y las obligaciones de aportes a fondos de pensiones y seguridad social, hasta el fin de la cuarentena más 90 días, tiempo necesario para la reactivación.

“Consideramos que las actuales medidas dispuestas por el actual gobierno, son buenas, pero están orientadas a brindar el alivio a segmentos de la sociedad más desprotegidos y de ingresos informales, sin embargo, son medidas que no amparan a las empresas de las que dependen 12.000 fuentes estables de trabajo y que son indispensables a la estabilidad de la economía nacional a través del soporte de la “movilidad” nacional y del sector productivo. Debemos brindar seguridad a las empresas que han invertido en el país y mueven su producción”, complementó.

Cámara Nacional de Industrias

La Cámara Nacional de Industrias a través de su principal ejecutivo, Ibo Blazicevic, manifestó que las nuevas medidas económicas aprobadas por la presidente Añez el 14 de abril están destinadas a salvar la vida de las familias bolivianas con la inyección de liquidez y estímulo de la demanda agregada, mediante el Bono Familia y el Bono Universal de alrededor de  500 millones de dólares y los planes de crédito para pagar salarios a los trabajadores.

Empero, ahora el sector privado industrial aguarda con urgencia un segundo conjunto de medidas económicas enfocadas en la oferta y destinadas a las empresas que les permita superar la crítica situación financiera en la que se debaten por el impacto del COVID – 19.

“Las medidas son insuficientes. No son medidas concretas para las empresas”, puntualizó Blazicevic, al agregar que los empresarios industriales a nivel nacional manifiestan su profunda preocupación porque deben seguir honrando sus obligaciones salariales, seguridad social, proveedores, bonos, subsidios, impuestos, etc. en un contexto donde no tienen ventas y en consecuencia se genera una asfixia financiera.

“Esperamos que en los próximos días, el Gobierno Nacional apruebe un conjunto de medidas económicas que permitan ahora salvar la vida de las empresas”, señaló.

Asimismo, manifestó que la Cámara Nacional de Industrias viene ultimando los detalles de su propuesta “operación retorno al trabajo” que será presentada al Gobierno, puesto que la falta de ingresos por la cuarentena está generando un severo proceso de iliquidez y recesión empresarial.

“Debemos retornar al trabajo de forma gradual, sectorializada, con estrictas medidas de bioseguridad” para evitar el cierre de las empresas y la pérdida de los empleos en Bolivia, finalizó el titular de los industriales de Bolivia.

El criterio es prácticamente compartido por la Cainco y otros gremios empresariales del país.

Agropecuarios

Por su lado el presidente de la Confeagro y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz, señaló que deben adoptarse las medidas correspondientes scon el objetivo de no poner en riesgo miles de empleos en todo el territorio nacional.

El planteamiento sectorial propone suspender las obligaciones en cuanto al capital e intereses que venzan durante el periodo de confinamiento y hasta 6 meses después de que se levante la medida; que se restituya al 60% la obligatoriedad de los créditos productivos para que el sistema financiero otorgue créditos para esta actividad; y la implantación de una línea de crédito para capital operativo de 500 millones de dólares a 5 años plazos, con un año de gracia, a una tasa del 4% destinado a todo el sector agropecuario nacional a fin de evitar la disminución de liquidez de las unidades productivas agropecuarias por la caída de la demanda y los precios.

Respecto al último punto, Díaz destacó que la línea de crédito debe contemplar como garantía la producción, sea agrícola o pecuaria, para facilitar el acceso rápido a la misma. Estos recursos permitirán atenuar la caída en la producción y permitirá asegurar los empleos a corto plazo, además que garantizará el abastecimiento de alimentos hasta el próximo año.

En otro punto, el documento propone realizar préstamos de 2.000 bolivianos sin interés hasta dos años plazo para las personas mayores de 18 años que no sean asalariadas y que no se encuentre en ningún régimen tributario, así como también préstamos de hasta 5.000 bolivianos sin interés, hasta dos años plazos, a ciudadanos dedicados a consultorías que pertenezcan al régimen simplificado.

Por otro lado, Díaz manifestó que el financiamiento, la verificación de la Función Económica Social (FES), el acceso a la tecnología y la búsqueda de mercados, son medidas necesarias para la reactivación del sector agropecuario.

Cabe destacar que el Sector Agropecuario Nacional aporta el 12,44% del PIB, crea 1.8 millones de empleos y genera 1.400 millones de dólares en divisas.

Micro y pequeña empresa

En criterio del presidente de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde, el fondo de Bs. 1.500 millones que el Gobierno destinó para ese sector permitirá reactivar 100 mil unidades productivas quebradas, preservar 2.4 millones de empleos existentes, además de crear nuevos puestos de trabajo.

Conde señaló que en el último tiempo al menos 100 mil unidades productivas quebraron debido a la falta de ayuda financiera por una parte; y por otra, las secuelas de los conflictos políticos de octubre y noviembre del 2019 y en días recientes por la crisis sanitaria del coronavirus que terminó por cerrar el mercado para este sector hasta llevarlos a la quiebra.

El martes, la presidenta del Estado, anunció el plan del Gobierno para salvar las fuentes de empleo, denominado “Plan empleo” dirigida específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de servicios, producción y comercio, para cuyo objeto creó un fondo para créditos de capital.

La otra medida dirigida al sector productivo consiste en el apoyo financiero para el   pago de salarios, otorgando préstamos a las empresas nacionales respaldas con las planillas cuyo promedio por trabajador alcanza los Bs 8.488.

Conde señaló que por más de diez años ese sector ha tratado de gestionar recursos del Estado un fondo de entre Bs 25 y Bs 30 millones, cifra superada en mucho con las medidas aprobadas por el Gobierno, lo que genera esperanzas reales para la micro y pequeña y mediana empresa nacionales.

“Esto nos hace ver que se está velando para que no se aumente el desempleo en nuestro país”, dijo al detallar que con esos fondos se fortalecerán los rubros: textil, marroquinería, metalmecánica, orfebrería, entre los más damnificados.

Cámara Nacional de Comercio

A su turno, el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jauregui, destacó las medidas. “En líneas generales creemos que las medidas son oportunas”, dijo.

Jauregui resaltó que la primera medida apoya a las empresas en la cobertura de dos meses de su planilla de sueldos mediante “una línea de crédito a la cual van a poder acceder las empresas específicamente para capital de operación”.
Calificó de “positiva” la segunda medida denominada plan del empleo dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas, que consiste en créditos de funcionamiento.

“Específicamente se habló de 1.500 millones de bolivianos para créditos de funcionamiento y operación, entendemos que esta medida lo que quiere es darle mayor sostenibilidad al sector empresarial, nos parece también una medida adecuada”, agregó.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez calificó de acertadas las medidas económicas dispuestas por el Gobierno nacional, mismas que darán oxígeno a las empresas y a la sociedad para enfrentar los efectos de esta cuarentena contra el coronavirus COVID-19. 

Resaltó el anuncio del Gobierno de que en siete días va a poder determinar la flexibilización de esta medida.

COB

El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, señaló que la medida que anunció la Presidenta de Estado es muy importante porque toma en cuenta “la petición de los trabajadores”. Dijo que ahora sí serán beneficiadas las personas que nos estaban dentro de los dos primeros bonos aplicados.

Sin embargo, considera que todavía hay un sector que está siendo vulnerado y son los trabajadores de limpieza que, según Huarachi, están expuestos al coronavirus. Señaló que la mandataria debería pensar en ellos y darles algún tipo de ayuda.

Para el ejecutivo de la COB el Gobierno tomó la decisión de ampliar los bonos y crear más ayudas económicas por la ampliación de la cuarentena en el país que se llevará hasta el 30 de abril.

La presidenta Jeanine Áñez anunció este martes un fondo Bs 1.500 millones para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se beneficiarán 720 mil microempresas y podrán acceder al dinero mediante préstamos con cinco años de plazo y el primer año será de gracia.

 

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